MANIFIESTO:
Hoy nos hemos concentrado en torno al Pignatelli, sede de la Diputación General de Aragón, máximo órgano de gobierno de esta Comunidad, para denunciar la política educativa del Gobierno de Aragón y de la Consejería de Educación a cuyo frente se encuentra Dolores Serrat.
Esta política está desmantelando la Educación Pública Aragonesa, a la vez que favorece los intereses de empresas privadas que buscan el beneficio en lo educativo.
Esta denuncia se basa en los siguientes hechos:
Porque con un recorte de 111 millones de euros del Presupuesto en inversión en educación no universitaria, no es posible garantizar la igualdad de oportunidades.
Porque este recorte se ha producido en la Enseñanza Pública. Mientras en ésta se han recortado 108 millones, en la Enseñanza Concertada sólo se han recortado 3 millones de euros.
Porque hoy la Educación obligatoria y postobligatoria tiene un coste insoportable. Para muchas familias el uso del comedor o la compra del material escolar es imposible. La educación obligatoria hoy no es gratuita.
Porque el sistema de becas impuesto por este Gobierno contempla unos requisitos tan injustos y antisociales que deja fuera a muchas familias que las necesitan.
Porque el derecho de las familias a elegir centro, no debe ser nunca la excusa para cerrar aulas o para no llevar a cabo la creación de centros públicos en el marco de una planificación educativa coherente.
Porque en la Educación Pública se ha incrementado el número de alumnos por aula, se han suprimidos apoyos, desdobles, programas de compensación educativa, etc. que han afectado al conjunto del alumnado, pero especialmente a los más necesitados de apoyo educativo, de tal modo que el sistema educativo aragonés ha perdido en equidad y calidad educativa, máxime cuando la mayor parte del alumnado inmigrante y de minorías étnicas se atiende desde la Educación Pública.
Porque el recorte en el empleo ha afectado a 2000 profesores. El mayor ERE realizado en ARAGÓN
Porque se ha precarizado el empleo y las condiciones laborales del profesorado, con una interinidad insoportable para los trabajadores y para los centros educativos.
Porque más del 30% de los docentes de Aragón son interinos, y muchos de ellos con jornadas laborales inferiores a 8 horas semanales.
Porque el recorte de las partidas de gastos en los presupuestos de educación han reducido en infantil y primaria un 12.1% el gasto de personal y un 32.4% el de funcionamiento de centros públicos, mientras la asignación a la concertada se redujo tan sólo en un 1.5% en 3 años. Y en Educación Secundaria, en la pública se ha reducido el gasto de personal en un 14.4% y el de funcionamiento de centros en un 28.1%. En la concertada la reducción ha sido del 1.1% en el mismo periodo.
Porque la falta de planificación y de inversión en la construcción de centros escolares deja sin colegio a muchos niños y niñas, obligándoles a desplazarse fuera de sus barrios.
Porque se han cerrado muchas aulas de 3 años en centros públicos, a la vez que se sigue potenciando la concertación de estas enseñanzas en claro detrimento de la Escuela Pública. En este periodo ha habido 220 supresiones de aulas, en centros públicos de infantil y primaria en Aragón, siendo sólo 2 en centros concertados.
Porque se ha implantado un modelo de bilingüismo propagandístico, que sólo es fachada, ya que sin recursos y sin apoyo a los centros, ya se está viendo el fracaso del modelo.
Porque estas medidas, que tan duramente han perjudicado al sistema educativo público, han sido diseñadas de forma que afecten mucho menos o incluso beneficien al sistema privado concertado, lo que lleva a una consolidación y aumento de sus privilegios (o de su implantación) basados en el favoritismo administrativo y en la insolidaridad social en la mayoría de sus centros.
Porque faltan plazas de FP para la necesaria cualificación de los aragoneses y aragonesas y cuando más necesaria es esta cualificación, se ha implantado una tasa de 245€ para la matrícula en los grados superiores de FP, dificultando el acceso de muchos jóvenes a estas enseñanzas.
Porque se ha abandonado a la Escuela Rural a su suerte, cerrando colegios por falta de apoyo y compromiso del Departamento de Educación, sólo el curso pasado cerraron 10 pueblos su escuela. Además, la supresión de rutas escolares, impidiendo el acceso a una educación pública y gratuita, hace que las familias se vean obligadas a salir de sus pueblos.
Porque en los últimos tres cursos, en la Universidad de Zaragoza, ha habido una disminución de más de 1.200 alumnos, producto de la subida de tasas universitarias, encareciendo un 15% los grados y endureciendo los requisitos académicos y económicos de las becas.
Porque en este mismo periodo, la Universidad de Zaragoza ha visto congelados los recursos que aporta la DGA para su actividad ordinaria, llevando hasta cero la inversión en nuevas infraestructuras.
Porque, en contra de toda la sociedad, del necesario consenso, se ha implantado en este curso la LOMCE, la ley “antisocial”. Porque un sistema educativo debe ser social, de calidad, para todos, que propicie la equidad, la participación y que corresponsabilice a toda la sociedad, que promueva la inversión en educación. Y esta Ley va en contra de todo esto.
Porque hoy, con la LOMCE, el profesorado, los padres y madres y los alumnos ya no cuentan en las decisiones de los centros educativos. Han pasado de ser actores a simples espectadores.
No obstante que nadie dude que toda la comunidad educativa, profesionales, familias y estudiantes estamos orgullosos de pertenecer y mantener una Educación de todos y para todos que no discrimine por ninguna razón, que favorezca la educación común, que enseñe convivencia y persiga el desarrollo integral de todos y de todas.
La Comunidad Educativa, exigimos al Gobierno de Aragón:
Que recupere en los presupuestos de 2015 el nivel de inversión en educación que ha ido recortando en estos años. Lo que supone un incremento de, al menos, el 15,1 % respecto a los presupuestos de 2014.
Que escuche a la sociedad, a los trabajadores de la enseñanza, a las familias y que elimine la LOMCE.
Que cambie su política educativa elitista y excluyente, por una política educativa social, laica, inclusiva, que restablezca la equidad. No puede haber conciertos si no son necesarios y no van acompañados de un compromiso social.
Que se diseñe un plan de intervención urgente para aquellos centros públicos “en desventaja” que están perdiendo o han perdido el atractivo social necesario en las zonas donde están implantados.
Que, por todo lo anteriormente expuesto, se produzcan de inmediato las dimisiones de la Consejera de Educación y de todo su equipo, por esta política de desmantelamiento de la Escuela Pública.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA Y DE CALIDAD
DE TODOS Y PARA TODOS.
MAREA VERDE, GRUPO CONTRA LOS CONCIERTOS Y PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ZARAGOZA
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